La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha advertido de que la imputación de periodistas por informar sobre causas judiciales supone una vulneración del derecho a la libertad de prensa y ha solicitado el cese de las acciones penales contra los afectados. La reacción de la organización llega después de que el Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid haya decidido investigar a cuatro periodistas por presunta revelación de secretos tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los redactores citados como investigados pertenecen a EL PAÍS, El Mundo y 20 Minutos, y deberán comparecer ante el juez el próximo 19 de junio. La imputación responde a la difusión del contenido de un informe de la UCO relacionado con la causa en la que está también imputada la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuyo despacho fue registrado el pasado 30 de octubre.
El origen de la causa contra los periodistas se encuentra en una queja presentada por Rodríguez ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, por las filtraciones a la prensa del informe policial. Tras recibir la queja, el magistrado dictó una providencia en diciembre pasado en la que ordenó derivar el asunto a los juzgados de Madrid para su investigación. El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 20, que ha decidido citar a declarar a los periodistas por presunta revelación de secretos.
El informe de la Guardia Civil, cuya publicación ha derivado en la imputación de los reporteros, es una pieza clave de la causa que instruye el Supremo. En él se analizan los mensajes que Rodríguez intercambió con García Ortiz y otros fiscales de Madrid el mismo día en que se difundió un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había enviado a la Fiscalía. La filtración de ese correo es el hecho que el Tribunal Supremo investiga como posible delito de revelación de secretos.
Según la PDLI, la imputación de periodistas por la publicación de información de relevancia pública supone un ataque al derecho constitucional al secreto profesional y a la libertad de prensa. “El periodismo no puede ser objeto de represalias judiciales por informar sobre causas de interés general”, ha subrayado la plataforma, que ha pedido la retirada de las acciones penales contra los reporteros.
El caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación en el sector periodístico por las restricciones al derecho a la información y las presiones judiciales sobre el ejercicio del periodismo.
