Los Estados miembro de la Unión Europea han instado a reforzar el apoyo a los medios tradicionales y de servicio público, alertando sobre su papel esencial frente a la creciente propagación de la desinformación. Así se recoge en las conclusiones adoptadas este martes por el Consejo de la UE, según publica Euractiv.
Los gobiernos del bloque comunitario han manifestado su preocupación por el impacto que los cambios en los hábitos de consumo y la caída de los ingresos publicitarios están teniendo en los medios tradicionales. Estos, subraya el documento, desempeñan un papel clave en la garantía del acceso a información verificada, en un contexto donde el 70 % de los ciudadanos europeos afirma enfrentarse a desinformación diariamente, según una encuesta realizada en 2022.
Plataformas como TikTok, YouTube o los motores de búsqueda con inteligencia artificial concentran cada vez más la atención del público, especialmente de los usuarios más jóvenes. Al mismo tiempo, los servicios audiovisuales tradicionales, como la televisión o el vídeo a la carta (VOD), han visto reducirse de forma sostenida sus ingresos publicitarios. En este escenario, las plataformas digitales actúan como «pasarelas para los contenidos de los medios de comunicación», pero sus modelos de negocio, advierte el Consejo, «pueden dar lugar a contenidos polarizadores» y amplificar la desinformación.
Para hacer frente a esta situación, el Consejo sugiere que los Estados miembro consideren medidas de refuerzo a los servicios de interés general, como las emisoras públicas o las cadenas comerciales que promueven el periodismo y la diversidad cultural. Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de dar mayor visibilidad a estos servicios en interfaces como televisores inteligentes o guías electrónicas de programación, una opción ya permitida por la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA), a través de lo que se denomina «medidas de prominencia».
Hasta ahora, solo Francia, Italia y Alemania han tomado iniciativas concretas para aplicar estas medidas, cuya implantación se ve dificultada por la normativa europea. En concreto, la Directiva sobre comercio electrónico (DCE) establece que las interfaces solo están reguladas por el país de origen del proveedor, lo que limita su aplicación transfronteriza. Por ello, el Consejo ha solicitado a la Comisión Europea que identifique los obstáculos que impiden una aplicación eficaz en todo el territorio de la Unión.
Estas recomendaciones servirán de base para la futura revisión de la Directiva sobre servicios de comunicaciones electrónicas, que la Comisión Europea tiene previsto presentar en diciembre de 2026.
