De Julian David Perez Del Basto - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes si da luz verde a la tramitación de una proposición de ley que modificaría el Reglamento de la Cámara para endurecer los criterios de acceso y permanencia de los periodistas acreditados. La iniciativa, impulsada por el PSOE con el respaldo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, prevé crear un sistema de renovación periódica de las credenciales y contempla medidas disciplinarias ante comportamientos que se consideren perjudiciales para el normal desarrollo de la labor parlamentaria o la de otros informadores.

La propuesta responde a las demandas de varios colectivos de profesionales del periodismo que han solicitado normas más estrictas frente a conductas que califican de incompatibles con el ejercicio responsable de la profesión. Aunque Podemos no figura entre los firmantes del texto, ha anunciado que respaldará su tramitación.

Uno de los portavoces del grupo socialista, Patxi López, ha subrayado que la iniciativa no busca limitar el acceso a la información, sino atajar situaciones protagonizadas por lo que ha calificado como “activistas de extrema derecha” que frecuentan las comparecencias ante la prensa.

Nuevas normas y Consejo Consultivo

El proyecto plantea que la Mesa del Congreso no solo conceda, sino que también supervise la renovación de las acreditaciones conforme a criterios objetivos. Se evaluarán antecedentes de infracciones a las normas de convivencia parlamentaria y directrices de la Cámara.

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Como novedad, se propone la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, en el que estarán representados todos los grupos parlamentarios junto con asociaciones profesionales del sector. Este órgano emitirá recomendaciones sobre posibles sanciones, aunque la decisión final corresponderá a la Mesa.

Los informadores deberán seguir reglas de comportamiento institucional, y no podrán realizar grabaciones sin autorización expresa. Además, los grupos parlamentarios podrán designar responsables de prensa para coordinar las comparecencias y mantener el orden.

Infracciones y sanciones

El texto clasifica las faltas en tres niveles: leves, graves y muy graves. Las leves incluyen omitir datos requeridos para la acreditación o acceder sin permiso a zonas restringidas, y podrían acarrear desde una amonestación hasta la suspensión temporal por un máximo de diez días.

Las infracciones graves engloban acciones como proporcionar información falsa al solicitar la credencial, registrar imágenes sin permiso, irrumpir en espacios reservados o alterar el orden de las ruedas de prensa. En estos casos, la suspensión podrá prolongarse hasta tres meses.

Las sanciones más severas, que implicarían la retirada del pase durante un periodo de entre tres meses y cinco años —o incluso de forma permanente—, afectarían a quienes graben con dispositivos ocultos, accedan a despachos sin autorización, insulten a otras personas en el recinto o vulneren la intimidad de terceros.

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También se aplicarán sanciones colectivas si una infracción grave o muy grave se plasma en una publicación sin autoría identificable. En tal caso, se suspenderían todas las acreditaciones del medio implicado durante un periodo que podría oscilar entre seis meses y tres años.

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